Varados en Formosa: exigen medidas urgentes y respetuosas de los derechos humanos

A más de 7 meses de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), según información pública, hay más de 7500 personas que aún están esperando una respuesta de la provincia de Formosa para volver a sus hogares.

Amnistía Internacional tomó conocimiento de la existencia de al menos 900 personas que presentaron acciones judiciales para volver a su casa. El 5 de noviembre, la organización estuvo presente en la audiencia judicial que, además de ordenar el ingreso de 99 personas, declaró la inconstitucionalidad del programa de ingreso ordenado y administrado dispuesto por las autoridades formoseñas.

La Justicia Federal consideró inadmisible que quienes pudieran asumir los costos del hospedaje y test PCR (hisopado) estuvieran en una situación de privilegio frente a otros que, según se informó, tendrían turno de ingreso a la provincia para enero, febrero y abril de 2021. Además, instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos.

La organización internacional también se reunió con el senador por Formosa, Luis Naidenoff, para acercarle la preocupación por esta situación. El senador presentó un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ya remitió dos pedidos de información a la provincia para que dé explicaciones.

El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas.