22 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Victoria Villarruel presentó un proyecto para derogar el impuesto al cheque

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, presentó un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca derogar la Ley 25.413 de Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), conocida como de impuesto al cheque.

Según consideró desde sus redes sociales, “este impuesto creado para ser transitorio se convirtió en algo permanente, que rompe el principio de legalidad y deja a discreción del Ejecutivo la derivación de recursos propios de las provincias”.

En rigor, el Artículo 1° plantea la derogación de dicha Ley de Competitividad, que implica el tributo a cheques, créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sus modificatorias y complementarias y decretos reglamentarios y el 2° la comunicación al Poder Ejecutivo.

Entre los argumentos, la diputada sostuvo que “desde el aspecto jurídico es un tributo que denota una mala técnica legislativa, pues contiene un entramado extenso y de difícil comprensión de desgravaciones y exenciones que con el correr de los años se fueron agregando al decreto reglamentario”.

Además, menciona que “rompe con el principio de legalidad” ya que “el conjunto de exenciones y desgravaciones, y las alícuotas dispuestas en el decreto reglamentario, no condicen con la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema”.

El fallo citado del máximo tribunal nacional al respecto sostiene que “el principio de legalidad o reserva de ley abarca tanto la creación de impuestos, tasas y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”.

Por otro lado, menciona que el impuesto al cheque es uno de los que se extrae de la masa coparticipable para destinarlo a la ANSES, asegurando que “produce el indeseable efecto de desnaturalizar aún más el sistema de coparticipación federal”.

Según cuestiona, eso deja “a discreción del Poder Ejecutivo la derivación de recursos propios de las provincias, desfederalizando aún más el régimen tributario argentino”.

El proyecto también plantea que “se presumen capacidades contributivas irracionales, es decir una capacidad económica demostrada” a través de la constatación de una transferencia de dinero.

“Este es sin dudas uno de los puntos más criticables del impuesto, considerando que, a su vez, ese flujo de fondos que se grava casi con seguridad ya ha sido alcanzado, o va a serlo, por algún otro impuesto”, añade.

Villaruel también enfatiza que esta normativa “distorsiona el rol del sistema bancario”, posibilitando que las entidades bancarias operen como recaudadoras de este tributo, lo cual “produce que el sistema bancario sea de difícil acceso y desnaturaliza su función básica que es, en definitiva, la de brindar servicios”.

También en la línea de los impactos económicos, critica que “deteriora el sistema de producción, eleva los costos, e interfiere con el funcionamiento del mercado ocasionando que a largo plazo aumenten los precios”.

Esto, desde su perspectiva, “crea una desigualdad en la competencia, y a su vez genera realidades desleales”. En este sentido, ejemplifica señalando que una empresa formal con todos sus papeles al día debe incorporar este impuesto a la hora de analizar sus ganancias y pérdidas, mientras que una informal no.

Hacia el final, concluye: “Desde la perspectiva política rompe con el sistema de confianza y de acuerdos entre el pueblo y sus dirigentes, transforma lo que en su momento era un ‘tributo transitorio’ en algo permanente in fine”.