El FPV despachó el proyecto de ley para recrear Yacimientos Carboníferos Fiscales SE
La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda de la cámara baja despachó el proyecto de ley que crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.) y de esta manera quedó habilitado para que lo aborde el pleno. La intención de FPV era impulsar su tratamiento este jueves, pero resta ver cuál será la estrategia de la presidencia de Diputados.
Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo para crear una sociedad del Estados que se encargue de administrar la explotación de carbón en Río Turbio, Santa Cruz. El articulado prevé que la SE absorba los pasivos de la empresa que actualmente realiza la fajina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA.
El último proyecto de ley fuerte de Cristina Fernández como presidenta busca recrear la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales que tuvo origen en 1958 y fue privatizada a raíz de la aplicación de la Ley de Reforma del Estado.
La sociedad que busca estipular esta ley absorverá el control del yacimiento, del complejo ferroportuario y de la Central Termoeléctrica a Carbón (CTRT), ubicados en la provincia de Santa Cruz, que deberá adherir a la ley nacional.
El texto prevé que el Estado reciba los bienes y el personal dependiente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, pero también deberá hacerse cargo de todos los pasivos que registre al momento de la transacción la empresa privada.
La nueva empresa, de prosperar la redacción actual, gozará de los derechos exclusivos de “exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de generación de la energía producida a través de la Central Termoeléctrica”.
El articulado declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”.
El directorio de la compañía estaría compuesto por un presidente, un vicepresidente, tres directores ejecutivos, dos directores en representación del Estado Nacional, dos en representación de Santa Cruz y uno por los trabajadores.