Tras un inicio de sesiones ordinarias marcado por la cautela estratégica de la Casa Rosada, la Cámara de Diputados de la Nación retoma el pulso con uno de los temas más sensibles para las provincias cordilleranas: la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado obtenida el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor, generó una fuerte resistencia en bloques dialoguistas como la Coalición Cívica y sectores de la UCR. Frente a la presión por la «falta de debate técnico», el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales confirmó que los días 25 y 26 de marzo se llevarán a cabo audiencias públicas en el Anexo C de la Cámara Baja.
El nudo del conflicto radica en la redefinición del inventario de glaciares. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reforma busca «ordenar el marco normativo» para fomentar la inversión minera e hidrocarburífera bajo un esquema de federalismo pleno, organizaciones ambientales y legisladores opositores denuncian una «flexibilización ambiental» peligrosa. Máximo Kirchner, uno de los referentes que se pronunció esta semana, comparó el proyecto con una «rifa de recursos estratégicos» bajo el amparo del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
Hasta el momento, más de 18.000 ciudadanos y especialistas se han inscripto para participar de las jornadas de debate. El oficialismo, aunque retiene el control de las comisiones clave, ha tenido que ceder en los tiempos para garantizar el acompañamiento de sus aliados más críticos, quienes exigen que cualquier cambio en la protección del agua cuente con un sustento científico que evite futuros litigios judiciales.
