La oposición impulsa una batería de medidas en el Congreso para determinar si hubo privilegios en la adjudicación de créditos por parte del Banco Nación. Los montos individuales alcanzan los $475 millones para funcionarios del Ejecutivo.
La controversia sobre la política crediticia de la banca estatal ha escalado al ámbito parlamentario tras conocerse registros públicos que vinculan a miembros del gabinete nacional y legisladores del oficialismo con la obtención de créditos hipotecarios en condiciones que la oposición califica de «excepcionales». Según datos procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, basada en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al menos nueve figuras clave del ecosistema de La Libertad Avanza (LLA) registran deudas millonarias con el Banco de la Nación Argentina (BNA).
En el núcleo del equipo económico liderado por Luis Caputo, se destacan los casos de Felipe Núñez, director del BICE, quien obtuvo un préstamo de $475 millones en febrero de 2025, y Federico Furiase, secretario de Finanzas, con una deuda reportada de $367 millones en agosto del mismo año. En el Poder Legislativo, los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni (LLA), Mariano Campero (LLA) y Lorena Villaverde (LLA) mantienen obligaciones crediticias que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones.
Ante esta situación, el diputado nacional Esteban Paulón (bloque Provincias Unidas) formalizó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para clarificar las condiciones de otorgamiento. Paulón busca determinar si existieron dictámenes técnicos desfavorables de las áreas de riesgo crediticio o si se habilitaron resoluciones de excepción para personas políticamente expuestas (PEP), argumentando que la banca pública no debe estar al servicio de «intereses particulares de unos pocos privilegiados».
Desde el Banco Nación, la respuesta oficial sostiene que el proceso de calificación es «homogéneo y sin excepciones», basándose estrictamente en el scoring crediticio de cada solicitante. Por su parte, los legisladores involucrados han desmentido la existencia de tasas preferenciales, asegurando que se trata de líneas UVA estándar (con tasas cercanas al 4,5%) abiertas a cualquier cliente que perciba sus haberes en la entidad.
Sin embargo, el contraste político es evidente: mientras el presidente Javier Milei ha sostenido públicamente que los damnificados por los créditos UVA deben «hacerse cargo» de sus decisiones sin auxilio estatal, parte de su estructura jerárquica ha recurrido masivamente a esta herramienta financiera.
