La defensa de Manuel Adorni: entre el cuestionamiento patrimonial y el incumplimiento del informe de gestión en el Congreso
PorRedaccion
El vocero presidencial y actual Jefe de Ministros enfrenta una doble presión: la investigación judicial sobre el financiamiento de sus traslados privados a Uruguay y el reclamo parlamentario por el incumplimiento del informe mensual ante las Cámaras. Adorni sostiene que su patrimonio es fruto de la actividad privada previa.
La situación patrimonial de Manuel Adorni, quien fuera ascendido a Secretario de Estado mediante el Decreto 323/2024 con un salario aproximado de 4 millones de pesos, se ha convertido en el eje de una controversia que combina datos contables y obligaciones constitucionales. Según su última Declaración Jurada (DDJJ) presentada ante la Oficina Anticorrupción, los bienes del funcionario pasaron de $61 millones al inicio de 2023 a más de $107 millones al cierre del período 2024, lo que representa un crecimiento del 76% en términos nominales.
En su defensa pública, Adorni afirmó desde la Casa Rosada: “Mi patrimonio lo construí durante 25 años de actividad privada; todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, los datos duros revelan que, en paralelo al crecimiento de sus activos, sus deudas escalaron un 178%, pasando de $34,2 millones a **$95,4 millones**, principalmente con acreedores del entorno familiar como su madre, Silvia Pais. A esto se suma la investigación del juez federal Ariel Lijo sobre un vuelo privado a Punta del Este realizado en marzo de 2026, el cual Adorni asegura haber pagado personalmente, aunque la justicia busca determinar si fue financiado por una productora ligada a medios públicos.
Desde el plano institucional, la defensa de Adorni colisiona con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Dicha norma obliga al Jefe de Gabinete —o a quien asuma funciones centrales de coordinación como las que se le atribuyen en la práctica— a concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. El Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus artículos 198 a 202, detalla que estas sesiones informativas exigen una dinámica de preguntas y respuestas donde los bloques disponen de 240 minutos para solicitar aclaraciones.
La omisión del informe correspondiente al mes de marzo ha derivado en denuncias por violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). Mientras el vocero increpa a la prensa sosteniendo que «un periodista no es un juez», el arco opositor en Diputados reclama el cumplimiento de los mecanismos de control parlamentario, comparando su situación con la de su hermano, Francisco Adorni, cuya designación como auditor en el Ministerio de Defensa con un sueldo de 4 millones de pesos también ha sido objeto de pedidos de informe.
Resumen NCN
- Patrimonio: Creció de $61M a $107M (76%) en un año; deudas aumentaron 178% hasta los $95,4M.
- Ingresos: Percibe un salario de aproximadamente $4.000.000 como Secretario de Estado.
- Art. 101 CN: Establece la obligatoriedad de informes mensuales ante el Congreso, trámite que Adorni omitió en marzo.
- Procedimiento HCDN: Los artículos 198-202 del Reglamento regulan la sesión informativa, otorgando tiempos específicos a la oposición para interrogar al Ejecutivo.
