Shutdown: qué implica el proyecto de Milei para apagar el Estado
PorRedaccion
El presidente Javier Milei anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para instaurar en la Argentina un mecanismo de «shutdown» o cierre del gobierno: si el Poder Legislativo no aprueba el Presupuesto nacional y las partidas se agotan, el Estado quedaría impedido de ejecutar nuevos gastos hasta contar con una nueva autorización legal. La iniciativa, inspirada en el sistema de Estados Unidos, todavía no tiene texto público ni fue ingresada formalmente a ninguna de las dos cámaras.
«En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado».
El anuncio se enmarca en el paquete de reformas que el oficialismo definió como prioridad para esta etapa: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una nueva ley de Mercado de Capitales, la iniciativa de Inocencia Fiscal II, la desregulación del mercado de seguros y un esquema de reglas fiscales. El propio mandatario vinculó el shutdown con la reforma del BCRA: ambos apuntan, según su planteo, a cerrar la vía del financiamiento del déficit con emisión monetaria.
La Carta Orgánica es la ley que fija la finalidad, las funciones y las facultades del Banco Central. La reforma que impulsa el Ejecutivo busca devolverle como misión central la defensa del valor de la moneda y prohibir, con sanciones penales, el financiamiento del Tesoro.
En esa línea, Milei encabezó este lunes en Casa Rosada un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza, presentado como una «masterclass» sobre las bases del proyecto de reforma de la Carta Orgánica, uno de los ejes que el Gobierno pretende instalar en la agenda parlamentaria.
Qué dice la ley vigente
El principal punto de fricción del proyecto es su convivencia con la Ley 24.156 de Administración Financiera (LAF), el régimen que hoy ordena la ejecución presupuestaria en la Argentina y que prevé exactamente lo contrario a un cierre del Estado.
El artículo 27 de la Ley 24.156 establece que, si al inicio del ejercicio no hay Presupuesto aprobado, rige la prórroga del vigente el año anterior, con ajustes en recursos y gastos. Bajo ese mecanismo, la gestión Milei gobernó 2024 y 2025 con prórrogas sucesivas del Presupuesto 2023, algo inédito en la historia argentina.
Consultado por la agencia Noticias Argentinas, el abogado constitucionalista Diego Armesto advirtió sobre la incompatibilidad normativa que generaría el nuevo esquema si no se modifica de manera integral el régimen financiero.
«La Ley de Administración Financiera quedaría en una irracionalidad. Se podría hablar de que existe una norma irrazonable. La Constitución ilumina todo el ordenamiento jurídico y la normativa tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esta idea de cerrar el gobierno sería, específicamente, una incongruencia con la actual ley».
Armesto también marcó límites sobre el alcance de una eventual parálisis administrativa: «Hay que ser muy cuidadosos con qué servicios se declaran esenciales. No se puede andar cerrando hospitales, aeropuertos, policía, entre otros. Todo eso no se corta», señaló.
Cómo funcionaría el cierre
El consultor Marcelo Elizondo describió ante la misma agencia el objetivo del esquema que diseña la Casa Rosada: el Estado no se apagaría por completo, sino que las áreas no esenciales dejarían de operar al agotarse sus partidas.
«Lo que busca el proyecto es no proveer mayor financiamiento al ya pactado en el presupuesto. El Estado no se cierra totalmente, hay áreas que son centrales y esenciales. El resto de las áreas se cerrarán hasta que se asignen nuevos recursos, si es que el Congreso lo decide».
Un efecto central del mecanismo sería la eliminación de la discrecionalidad en la reasignación de partidas, hoy una atribución del jefe de Gabinete. En el modelo estadounidense, una vez consumidos los fondos asignados a cada área, no existe la posibilidad de redistribuirlos: el gasto se detiene hasta que el Congreso vote nueva financiación.
El antecedente estadounidense
En Estados Unidos, el shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto para el año fiscal ni una extensión temporal de fondos. El último cierre comenzó a inicios de octubre de 2025 y se extendió durante 43 días, hasta el 12 de noviembre de 2025: fue el más largo de la historia de ese país. Se originó cuando la resolución de financiamiento impulsada por los republicanos en el Senado no alcanzó los 60 votos necesarios, bloqueada por los demócratas.
Durante esos cierres, los gastos obligatorios fijados por leyes permanentes se mantienen, mientras que los discrecionales quedan suspendidos. Los empleados federales dejan de cobrar sus salarios y perciben los retroactivos una vez aprobado el nuevo presupuesto. Un dato no menor para la comparación local: el sistema político argentino, más fragmentado que el bipartidismo estadounidense, ha mostrado reiteradas dificultades para aprobar la «ley de leyes» en tiempo y forma.
De aprobarse, el shutdown reemplazaría la prórroga automática del Presupuesto —el mecanismo con el que funcionó el Estado argentino los últimos dos años— por una parálisis parcial de la administración. Eso cambiaría el equilibrio de poder en la negociación presupuestaria entre el Ejecutivo y el Congreso, y el costo de no aprobar la ley recaería de forma directa sobre servicios públicos y salarios estatales.
– Milei anunció el 7 de julio en Neura un proyecto de «shutdown» del Estado
– El texto aún no fue ingresado al Congreso ni se conoce su letra
– Hoy rige el art. 27 de la Ley 24.156: prórroga automática del Presupuesto anterior
– El constitucionalista Diego Armesto advirtió una «incongruencia» con la LAF
– Integra un paquete junto a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
– El último shutdown en EE.UU. duró 43 días y terminó el 12/11/2025
