Proyecto de ley busca garantizar la actualización automática de juicios en trámite
PorRedaccion
La propuesta modifica el artículo 276 de la Ley 20.744 para asegurar que el régimen de actualización e intereses sea de orden público y se aplique a todos los procesos judiciales, evitando quitas por inflación.
El diputado nacional Jorge Antonio Avila presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección del crédito laboral frente al deterioro causado por la inflación y la demora de los procesos judiciales. La iniciativa propone incorporar un último párrafo al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), estableciendo que las disposiciones sobre actualización e intereses son de orden público.
El núcleo de la reforma establece que este régimen será de aplicación inmediata a todos los procesos judiciales en trámite, independientemente de su estado o fecha de inicio. Esto incluye causas que se encuentren en instancias recursivas o en trámite de recursos de queja ante tribunales superiores. Según los fundamentos del legislador, la medida busca evitar interpretaciones judiciales que han decretado la inconstitucionalidad de topes previos, como la quita del 33% en montos resultantes de juicios, por considerarlos discriminatorios.
En sus fundamentos, Avila destaca que el crédito laboral posee «naturaleza alimentaria» y requiere una tutela reforzada conforme al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El proyecto argumenta que la demora procesal no debe traducirse en una disminución material del derecho del trabajador, asegurando que el crédito conserve su «eficacia económica real» al momento del pago.
Asimismo, el texto propone la derogación del artículo 55 de la Ley 27.802 para unificar el alcance de la norma en una sola disposición. Con esto, se pretende otorgar mayor certeza normativa y evitar que trabajadores en situaciones idénticas reciban tratamientos distintos basados únicamente en la duración de sus procesos judiciales.
Resumen NCN:
- Estado del trámite: Proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación (2026).
- Impacto social: Protege el valor real de las indemnizaciones y créditos laborales ante la inflación, garantizando igualdad de trato para todos los trabajadores con juicios activos.
- Puntos de conflicto: La aplicación retroactiva a procesos en curso y la declaración de «orden público» podrían generar debates en sectores empresariales sobre la previsibilidad de los costos de litigiosidad laboral.
