La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una cautelar que obliga al Gobierno a recomponer salarios y becas, rechazando el argumento del «equilibrio fiscal» para desoír la ley insistida por el Congreso.
La disputa entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario nacional ha dado un giro definitivo en los tribunales. Tras meses de parálisis presupuestaria y una caída del poder adquisitivo docente estimada en un 47,3% entre finales de 2023 y principios de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo contundente el pasado 31 de marzo de 2026.
El núcleo de la sentencia
El fallo, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La justicia ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5º y 6º de la Ley 27.795. Estos artículos establecen:
- La recomposición salarial para docentes y no docentes basada en la inflación (IPC).
- La actualización de las becas estudiantiles y programas de ayuda social.
Rechazo a los argumentos del Ejecutivo
El tribunal desestimó la postura oficial de la «promulgación sin recursos». El Gobierno había argumentado que la ley carecía de fuente de financiamiento específica y ponía en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, la Cámara ratificó que, una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial (hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2025), la norma posee plena vigencia y su cumplimiento no es facultativo para la administración central.
El impacto presupuestario 2026
La situación se agravó durante el debate del Presupuesto 2026. Aunque el oficialismo logró la aprobación general de la ley de leyes, la Cámara de Diputados rechazó el Capítulo XI, que pretendía derogar la emergencia en discapacidad y, fundamentalmente, la ley de financiamiento universitario insistida. Esta derrota legislativa dejó al Ejecutivo sin el paraguas legal para ignorar las partidas correspondientes.
Próximos pasos: La instancia de la Corte
Desde el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía han anticipado que apelarán mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, al tratarse de una cautelar confirmada en segunda instancia, el Gobierno queda obligado a la reasignación de partidas de manera mensual para evitar sanciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
