El estancamiento de la actividad económica y la persistente suba de costos fijos han llevado a que una parte mayoritaria de la oposición en la Cámara de Diputados articule un frente común. Esta semana ingresó formalmente el proyecto de «Ley de Sostenimiento y Emergencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas», una iniciativa que busca aliviar la presión financiera sobre el eslabón más sensible de la cadena productiva nacional.
El proyecto, que lleva la firma de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y sectores del radicalismo, propone un esquema de protección por 180 días que incluye la suspensión de embargos por parte de la AFIP y la creación de un «Cuadro Tarifario de Emergencia» para el consumo de energía eléctrica y gas natural. Según los fundamentos del texto, el incremento acumulado en las tarifas de servicios públicos desde enero ha tornado inviable la operación de miles de talleres y comercios de cercanía.
«No se trata de pedir subsidios, sino de evitar un cierre masivo de unidades productivas que son las principales generadoras de empleo en el país», argumentan desde el bloque que conduce Germán Martínez. Los datos que manejan los asesores parlamentarios son alarmantes: una caída del 12% interanual en las ventas minoristas y una capacidad instalada industrial que opera apenas por encima del 50%.
El oficialismo, por su parte, resiste la iniciativa alegando que cualquier beneficio fiscal o tarifario atenta contra el objetivo del «Déficit Cero». Sin embargo, la presión de las cámaras empresariales territoriales sobre los gobernadores podría fracturar la disciplina de voto de los aliados del Gobierno. La batalla ahora se traslada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la oposición buscará dictaminar antes de que termine marzo para llevar el tema al recinto en abril.
