Pensiones por Invalidez: El Ejecutivo envía reforma al Congreso en medio del escándalo en ANDIS
PorRedaccion
El Gobierno nacional formalizó el ingreso de un proyecto de ley para endurecer los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez. La iniciativa, que busca ahorrar 2.000 millones de dólares anuales, llega mientras la Justicia procesa a la anterior cúpula del organismo por presuntas coimas.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió este fin de semana a la Cámara de Diputados un ambicioso proyecto de ley titulado «Reforma del Sistema de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral». La norma busca institucionalizar los criterios de auditoría que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició por decreto, estableciendo por ley la obligatoriedad del Certificado Médico Obligatorio (CMO) digital y la revisión trienal de todos los beneficios otorgados.
La iniciativa oficialista surge tras los resultados de una auditoría masiva que detectó irregularidades en el 80% de los casos analizados. Según los datos aportados por la Casa Rosada, el stock de pensiones pasó de 79.000 en 2003 a más de 1.200.000 en 2023. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fundamentó el envío del proyecto señalando que se detectaron casos extremos, como el uso de radiografías de animales para sustentar solicitudes de pensión humana.
Blindaje legal frente al «curro»
El proyecto de ley establece que el haber de la pensión por invalidez será equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, fija requisitos de residencia de 10 años para extranjeros y la incompatibilidad total con el empleo formal o la titularidad de bienes que denoten capacidad económica.
«Buscamos que la pensión sea para quien realmente no puede trabajar, no un subsidio encubierto a la desocupación o, peor aún, un botín de la política territorial», señalaron fuentes del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La estrategia de enviar el proyecto busca dar sostenibilidad jurídica a las bajas de beneficios, que actualmente enfrentan una ola de amparos en la Justicia Federal.
La Reintroducción del Criterio de Invalidez Laboral
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la compatibilidad laboral introducida por la Ley 27.793. Mientras que la ley de emergencia permitía que las personas con discapacidad trabajaran formalmente hasta alcanzar un ingreso de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, el nuevo proyecto restablece la incompatibilidad absoluta. Bajo la nueva lógica, si una persona puede trabajar, aunque sea de manera parcial o adaptada, deja de ser «inválida» para el sistema y pierde el derecho a la pensión.
Este cambio ignora lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la inserción laboral como parte de la rehabilitación. El Ejecutivo argumenta que el sistema debe ser sostenible y que los recursos deben dirigirse exclusivamente a quienes presentan una «imposibilidad real y total de generar ingresos».
Mecanismos de Fiscalización y Cruce Masivo de Datos
El proyecto autoriza a la Secretaría Nacional de Discapacidad a realizar un control masivo de datos, exceptuando las restricciones de secreto fiscal para estos fines específicos. Este proceso involucra la coordinación de múltiples organismos estatales para garantizar que ningún beneficiario posea activos o ingresos que contradigan su declaración de vulnerabilidad socioeconómica.
Los organismos integrados en el sistema de control incluyen:
- ARCA (ex AFIP): Verificación de bienes personales, consumos de tarjetas de crédito y tenencia de activos financieros.
- ANSES: Control de aportes patronales y percepción de otras asignaciones o programas sociales incompatibles.
- SINTyS: Sistema de identificación tributario para detectar vínculos con sociedades comerciales o participaciones accionarias.
- Dirección Nacional de Migraciones: Verificación de salidas del país. El proyecto estipula que la ausencia de tres meses es causal de caducidad automática del beneficio.
El Reempadronamiento Obligatorio de 2026
La norma impone a todos los titulares actuales la obligación de actualizar su información médica y socioeconómica en un plazo de 90 días, prorrogable por otros 30. Este proceso es presencial o remoto, pero el incumplimiento habilita la suspensión automática. Esta medida ha sido duramente criticada por bloques opositores, como Unión por la Patria, al considerarla una «baja de hecho» para miles de personas que habitan en zonas rurales o carecen de conectividad para cumplir con los plazos perentorios.
Ley 27.793 vs. Proyecto 2026
La disparidad entre la ley vigente y el nuevo proyecto de ley revela el choque de visiones sobre la función del Estado en la protección social.
| Eje de Comparación | Ley 27.793 (Vigente por Insistencia) | Proyecto de Ley Contra el Fraude (2026) |
| Definición de Sujeto | Basada en el modelo social y el CUD. | Basada en el modelo médico y la invalidez laboral. |
| Inserción Laboral | Compatible con empleo formal (límite 2 SMVM). | Incompatible con cualquier actividad registrada. |
| Auditoría | Diálogo con organizaciones y ajustes razonables. | Suspensión preventiva por inconsistencia de datos. |
| Financiamiento | Piso mínimo del 10% del gasto total en salud. | Partidas variables según asignación del Tesoro. |
| Criterio de Riesgo | Enfoque preventivo y de derechos. | Reintroducción del riesgo grave de daño físico. |
El Gobierno, obligado por un fallo del Juzgado Federal de Campana, debió reglamentar la Ley 27.793 mediante el Decreto 84/2026 el 3 de febrero de 2026. Sin embargo, la reglamentación fue calificada por expertos jurídicos como una «omisión administrativa inconstitucional», ya que no incluyó los mecanismos de financiamiento obligatorios y mantuvo la figura de la suspensión automática por inconsistencias de domicilio, contraviniendo el espíritu de la ley sancionada por el Congreso.
El procesamiento de Spagnuolo
Sin embargo, el debate parlamentario se verá condicionado por la situación procesal de la anterior gestión de ANDIS. Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y antiguo abogado personal de Javier Milei, por asociación ilícita y cohecho.
La Justicia investiga una red que solicitaba retornos a proveedores de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. Este escenario le da a la oposición, liderada por Unión por la Patria (UP) y sectores de Encuentro Federal, un argumento de peso para cuestionar la moralidad de la reforma. «El Gobierno habla de transparencia mientras su propio director de discapacidad está procesado por cobrar coimas», dispararon desde el bloque peronista.
Puntos críticos del articulado
El texto que comenzará a discutirse en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda incluye puntos de alta fricción:
- Caducidad automática: Aquellos beneficiarios que no se presenten a las citaciones de las juntas médicas regionales perderán el beneficio en 60 días.
- Responsabilidad médica: Se establecen penas de hasta 6 años de prisión para médicos que firmen certificados falsos en organismos públicos.
- Reempadronamiento digital: Todo el padrón actual deberá migrar a una plataforma de validación biométrica en un plazo de 180 días.
Resumen NCN:
- Monto: 70% de la jubilación mínima de ANSES.
- Control: Revisión obligatoria cada 3 años ante juntas médicas estatales.
- Justicia: Sombra sobre el proyecto por el procesamiento de la cúpula de ANDIS.
- Impacto: El Gobierno estima un ahorro de US$ 2.000 millones si se depura el padrón.
