El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales ingresa en una fase determinante. Tras el anuncio de medidas de fuerza por parte de los gremios docentes y no docentes, el Gobierno decidió apurar el tratamiento de un proyecto de ley propio que busca reformular la distribución de los recursos.
El eje central de la propuesta oficialista se basa en la fiscalización de los fondos. Según fuentes parlamentarias, el proyecto establece que la transferencia de partidas estará supeditada a la rendición de cuentas periódica y a una auditoría externa por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un punto que genera resistencia en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
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Punto de conflicto: Los rectores advierten que el presupuesto prorrogado es insuficiente frente a la inflación acumulada.
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Estrategia oficial: El Ejecutivo busca evitar que la oposición logre una mayoría para aprobar una ley de financiamiento de emergencia que obligue a una actualización automática de partidas.
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Impacto ciudadano: El retraso en las transferencias pone en riesgo no solo el pago de salarios, sino también el mantenimiento edilicio y el sistema de becas para miles de estudiantes en todo el país.
El debate se trasladará en los próximos días a la Comisión de Educación y a la de Presupuesto y Hacienda. Allí, los bloques dialoguistas tendrán la llave para decidir si acompañan la «Ley de Transparencia Universitaria» del Gobierno o si se inclinan por los proyectos de la oposición que exigen un blindaje presupuestario inmediato para garantizar el normal funcionamiento de las aulas.
