Etiquetado Frontal: el Gobierno pide derogar la ley aprobada con 200 votos
PorRedaccion
El Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar por completo la Ley N°27.642. Argumenta limitaciones técnicas del sistema de octógonos y pide «pronto tratamiento». La oposición dialoguista muestra cautela.
El Poder Ejecutivo remitió al Senado de la Nación un proyecto de ley para derogar en su totalidad la Ley N°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa ingresó el sábado 24 de mayo y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. El Ejecutivo solicitó expresamente al Congreso el «pronto tratamiento y sanción» del texto.
El proyecto aún aguarda el giro formal a comisiones, aunque se espera que quede radicado en la comisión de Salud del Senado en las próximas horas. El debate, en todo caso, no será sencillo: la ley que el Gobierno busca eliminar fue aprobada en octubre de 2021 con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones en la Cámara de Diputados, con respaldo transversal de peronismo, UCR y parte del PRO. Revertir ese consenso en el Senado exigirá una operación política de envergadura.
Qué propone el proyecto: derogación total, no reforma
El articulado es escueto y directo: la derogación de la Ley N°27.642 en su totalidad, con entrada en vigencia a partir del día de publicación en el Boletín Oficial. No propone una ley sustituta ni un esquema alternativo de etiquetado. El Ejecutivo aclaró, sin embargo, que la medida no elimina las obligaciones generales de información nutricional en alimentos envasados: la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N°44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.
La Ley N°27.642 estableció la incorporación de octógonos negros en el frente de los envases de alimentos y bebidas que superen los límites fijados para azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio. También prohíbe el uso de personajes infantiles, dibujos animados y figuras de celebridades en productos con advertencias, y restringe su publicidad dirigida a niños. El sistema de parámetros fue elaborado en base a los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La ley entró en vigencia plena en noviembre de 2023.
Los argumentos oficiales: sistema «binario» y perjuicio a las pymes
El fundamento del proyecto concentra las críticas en cuatro ejes. El primero es técnico: el Gobierno sostiene que el modelo actual aplica «parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional». Según el texto oficial, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos «tradicionales y saludables» reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando «interpretaciones simplificadas o poco precisas» en el consumidor.
El segundo eje apunta a la lógica del sistema: el Ejecutivo critica que funciona bajo una estructura «binaria» —un producto tiene o no tiene octógonos— que no incentiva mejoras graduales en la composición nutricional. Si un fabricante reduce el sodio pero no llega al umbral, el envase sigue mostrando la advertencia sin reconocer esa mejora.
El tercer argumento es económico: las restricciones sobre publicidad, comunicación comercial y elementos gráficos en los envases generan «limitaciones sobre actividades económicas y estrategias comerciales de la industria alimentaria». El cuarto apunta a las pymes, a las que el Ejecutivo señala como las más afectadas por los costos de adaptar envases, líneas de producción y procesos de comercialización, lo que —según el texto— podría favorecer la concentración de mercado en empresas de mayor escala.
La posición opositora: cautela y antecedentes difíciles de ignorar
En el sector dialoguista se registra cautela ante la iniciativa. La dificultad política de fondo es aritmética e histórica: votar la derogación implica que legisladores que apoyaron la ley en 2021 —o que pertenecen a partidos que lo hicieron— deberán justificar un giro de 180 grados en menos de cinco años.
En la votación original de octubre de 2021 en Diputados, el interbloque de Juntos por el Cambio votó en forma dividida: la mayoría acompañó la ley, aunque un grupo de legisladores del PRO rechazó la iniciativa por considerar que el esquema de octógonos era «hostil y estigmatizante». En el Senado, la media sanción se había logrado en octubre de 2020. El debate incluyó objeciones de diputados de provincias norteñas —sin distinción de partido— por el impacto en la producción azucarera. La transversalidad del apoyo original es el principal obstáculo para la derogación.
La UCR y el PRO, bloques que en 2021 tuvieron posiciones mixtas, serán el factor determinante. Sin su acompañamiento, el oficialismo no tiene los votos para avanzar ni en el Senado ni —en caso de que el texto vuelva a Diputados— en la cámara baja.
El argumento de salud pública: evidencia internacional en disputa
La derogación se produce en un contexto donde la evidencia científica internacional sobre el impacto de los sistemas de advertencias frontales es objeto de debate activo. Organismos como la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldan los modelos de advertencia frontal como herramienta de salud pública efectiva para reducir el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos, especialmente en niños. El Ejecutivo no cita estudios científicos en los fundamentos del proyecto para respaldar sus críticas técnicas al sistema de octógonos, sino que apela a argumentos de política regulatoria y compatibilidad con el Mercosur.
La Ley N°27.642 fue la norma de salud pública más votada del período legislativo 2021 y contó con respaldo activo de organizaciones de la sociedad civil, pediatras y organismos internacionales. Su derogación sin reemplazo eliminaría el único sistema de advertencia frontal obligatorio que tiene Argentina para orientar al consumidor en el punto de venta. El debate en el Senado definirá si el Congreso acepta desmantelar una política sanitaria de consenso amplio sin una alternativa técnica concreta.
Resumen NCN
- Proyecto: derogación total de la Ley N°27.642 (Promoción de la Alimentación Saludable / Etiquetado Frontal). Ingresó al Senado el 24 de mayo de 2026.
- Firmantes: Presidente Javier Milei, jefe de Gabinete Manuel Adorni, ministro de Salud Mario Lugones.
- Alcance: articulado de derogación directa, sin ley sustituta. Vigencia desde publicación en Boletín Oficial.
- Lo que subsiste: declaración nutricional obligatoria bajo el Código Alimentario Argentino y resoluciones del Mercosur (GMC N°44/03 y 46/03).
- Argumentos oficiales: sistema «binario» que no diferencia alimentos; parámetros homogéneos sin considerar porciones; sobrecostos para pymes; restricciones a la publicidad de la industria alimentaria.
- Antecedente: la Ley N°27.642 fue aprobada el 26/10/2021 con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones en Diputados; media sanción del Senado en octubre de 2020.
- Comisión: se espera giro a Salud del Senado en las próximas horas.
- Obstáculo político: UCR y PRO —bloques que acompañaron la ley en 2021— deberán decidir si avalan la derogación. Sin ellos, el oficialismo no tiene los votos.
- El Ejecutivo pidió expresamente el «pronto tratamiento y sanción» de la norma.
