Propiedad privada: el oficialismo defiende el «desalojo exprés» ante las duras críticas de la oposición
En una jornada de alta tensión en el Senado, funcionarios del Ejecutivo y legisladores cruzaron fuertes argumentos sobre el proyecto que busca agilizar la recuperación de inmuebles. Mientras el Gobierno habla de «terminar con el flagelo de los okupas», el kirchnerismo y organizaciones sociales advierten sobre un «desamparo jurídico» para millones de personas.
Seguridad jurídica vs. vulnerabilidad social
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación se convirtió este miércoles en el escenario de un choque de visiones estructurales sobre el derecho a la propiedad en la Argentina. Bajo el análisis del expediente PE 13/26, el oficialismo busca convertir en ley una reforma profunda que modifica el Código Civil y Comercial y el Código Procesal.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezó la defensa técnica del proyecto. Durante su exposición, fue tajante: «Cuando los propietarios no tienen garantías de recuperar su inmueble en tiempo y forma, simplemente reducen la oferta disponible o elevan los precios por riesgo. Esta ley viene a devolver la previsibilidad al mercado inmobiliario», afirmó ante los senadores.
En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni reforzó la postura oficial desde la Casa Rosada, señalando que la normativa es necesaria para «hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas». Según el funcionario, el texto busca proteger al ciudadano que «invirtió los ahorros de toda su vida» frente a la «industria de la ocupación ilegal».
El «desalojo exprés» en el centro de la polémica
El punto más crítico del debate gira en torno a la modificación del artículo 680 Bis del Código Procesal Civil y Comercial. La propuesta establece un mecanismo de desalojo inmediato bajo caución juratoria, con un plazo de apenas cinco días para la desocupación tras la notificación judicial.
Desde la oposición, la senadora Daniela Vilar (Unión por la Patria) lanzó una de las frases más fuertes de la tarde: «Este proyecto no busca proteger al pequeño propietario, es un traje a medida del FMI y de los grandes desarrolladores inmobiliarios que quieren vía libre para desplazar a los sectores más humildes sin resistencia judicial». Vilar cuestionó además el impacto que la norma tendría sobre los barrios populares registrados bajo la Ley 27.453.
Por su parte, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, advirtió sobre la celeridad que pretende imprimir la Casa Rosada: «Asistimos porque el Reglamento nos permite participar, pero no vamos a ser cómplices de un trámite que vulnera derechos constitucionales básicos bajo la excusa de la urgencia económica».
Advertencias de la sociedad civil
La jornada también contó con la participación de representantes de organizaciones civiles y gremiales. Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, expresó su rechazo absoluto a la iniciativa. «No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora. No hay antecedentes en la región con tan poca protección para quienes alquilan vivienda. Frente a un atraso, el dueño puede notificar en tres días y, en cinco, el juez puede ejecutar el desalojo», denunció Muñoz ante el plenario.
En sintonía, un documento conjunto firmado por ONG como TECHO, Cáritas y el CELS alertó que la sanción del proyecto podría dejar a «más de 5 millones de personas jurídicamente desprotegidas». Desde TECHO enfatizaron que la eliminación de la prohibición de desalojos en asentamientos informales «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
Reformas técnicas y expropiaciones
El proyecto oficial no solo aborda los desalojos, sino que también introduce cambios drásticos en el régimen de expropiaciones y en la Ley de Tierras Rurales. La senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), una de las principales impulsoras políticas de la norma, defendió la flexibilización para extranjeros: «Sin seguridad jurídica no hay inversión posible. Necesitamos que el capital fluya hacia la Argentina y eso solo ocurre si el derecho de propiedad es sagrado e inviolable», sentenció.
La reforma estipula que, en caso de expropiación, el Estado debe abonar la indemnización total en efectivo antes de tomar posesión del bien, basándose estrictamente en el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Según el oficialismo, esto evitará los «juicios eternos» que terminan costando fortunas al erario público.
Resumen NCN:
- Desalojo Inmediato: Plazo de 5 días para desocupar bajo caución juratoria (Art. 680 Bis).
- Notificaciones: Se validan los domicilios electrónicos (e-mail) para intimaciones de pago en 72 horas.
- Ley de Tierras: Derogación de los límites a la tenencia de tierras en manos de ciudadanos extranjeros.
- Expropiaciones: Pago previo, total y en efectivo obligatorio para la toma de posesión por parte del Estado.
- Manejo del Fuego: Eliminación de las restricciones de uso comercial de tierras incendiadas.
