CIDH advierte impacto del ajuste fiscal en derechos humanos en Argentina
PorRedaccion
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares que obligan a los Estados a evaluar el impacto de los recortes antes de su ejecución. En Argentina, la caída real del gasto social y las denuncias de sobreprecios en la ANDIS tensan la agenda del Ejecutivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/26, un documento técnico sin precedentes que determina que las decisiones sobre impuestos, presupuesto y deuda pública deben evaluarse bajo estándares internacionales de derechos humanos. Según el organismo, las medidas de ajuste fiscal no pueden ser consideradas decisiones meramente económicas, sino que deben garantizar que no se vulneren derechos esenciales de la población.
En el contexto local, esta resolución coincide con un proceso de contracción del gasto público que, entre 2023 y 2025, registró una caída del 28% en términos reales, equivalente al 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Monitor Presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el sector social fue el que más sufrió el impacto de la reducción de partidas.
Radiografía del ajuste: Educación y Salud en la mira
El análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria revela que, entre 2023 y 2025, el gasto en promoción y asistencia social se contrajo un 78%. Por su parte, el presupuesto destinado a Educación y Cultura cayó un 58%, mientras que el área de Salud registró una baja del 41% en términos reales.
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por la Jefatura de Gabinete y publicada el pasado 11 de mayo, profundizó esta tendencia. La norma dispuso nuevos recortes en el Ministerio de Capital Humano por un total de $55.465 millones en programas destinados a niñez, adolescencia y familia. Asimismo, se restaron $78.711 millones de fondos para alfabetización y compensación salarial docente.
Este escenario motivó la masiva Marcha Federal Universitaria, donde diversos sectores reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el punto de vista parlamentario, la Comisión de Educación y la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación se encuentran bajo presión para revisar los giros de partidas que afectan el normal funcionamiento de las altas casas de estudio.
Irregularidades en ANDIS y el desvío de recursos
La Resolución 2/26 de la CIDH también subraya que la corrupción constituye una violación de los derechos humanos cuando desvía fondos destinados a grupos vulnerables. En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la polémica tras detectarse presuntos sobreprecios de hasta el 4.239% en insumos médicos.
De acuerdo con las auditorías preliminares, se habrían facturado sillas de ruedas a un valor de $19 millones, cuando el precio de referencia en el mercado se sitúa en $1,2 millones. También se investigan pagos excedentes por $300 millones en implantes de válvulas para venas cavas. Estos recursos, según advierten organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, equivalen a montos que podrían haber cubierto gran parte de los recortes en políticas de niñez.
El estándar internacional frente a la crisis
El relator especial de la CIDH, Javier Palummo Lantes, titular de la REDESCA, señaló que cualquier retroceso en derechos debe ser excepcional y proporcional. La resolución obliga a los Estados a movilizar el «máximo de recursos disponibles» antes de aplicar recortes en servicios esenciales. Esto incluye el combate a la evasión fiscal y la revisión de beneficios impositivos injustificados.
Desde el ámbito legislativo, se espera que los bloques de la oposición, liderados por figuras de Unión por la Patria, la UCR y el Hacemos Coalición Federal, soliciten informes detallados sobre el impacto de la Decisión Administrativa 20/2026. El debate se centra en si el Ejecutivo Nacional ha cumplido con la obligatoriedad de realizar evaluaciones previas de impacto antes de recortar fondos para la protección social.
Resumen NCN
- Resolución 2/26 (CIDH): Establece que las políticas fiscales (impuestos, gasto, deuda) deben respetar los estándares de derechos humanos.
- Caída del Gasto: El gasto público real bajó 28% entre 2023 y 2025.
- Recortes Recientes: La DA 20/2026 quitó $55.465M a niñez y $78.711M a educación.
- Escándalo ANDIS: Denuncias por sobreprecios de hasta 4.239% en sillas de ruedas y prótesis.
- Exigencia: La CIDH pide que los Estados justifiquen los recortes como medida «última y excepcional».
