Palantir en Argentina: Amnistía Internacional advierte sobre riesgos críticos para los derechos humanos
La posible contratación de la plataforma Palantir por parte del Ministerio de Seguridad ha generado una fuerte reacción de organismos de derechos humanos. Amnistía Internacional advierte sobre la falta de transparencia en los acuerdos con la firma vinculada a la CIA, mientras que los antecedentes de su uso en EE. UU. revelan un historial de vigilancia masiva y persecución migratoria sin control judicial.
La reciente gira de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los Estados Unidos y sus reuniones con el magnate Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, han puesto en marcha un proceso de modernización tecnológica que hoy se encuentra bajo la lupa. Según un exhaustivo informe de Amnistía Internacional Argentina, la incorporación de estas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos masivos representa una amenaza directa a la privacidad y a las garantías constitucionales debido a la opacidad de sus algoritmos.
La «Caja Negra» de Peter Thiel y el nexo con la CIA
Palantir no es un proveedor de software convencional. La empresa nació con el respaldo de In-Q-Tel, el brazo de inversión de la CIA, y se especializa en la integración de bases de datos heterogéneas para generar inteligencia predictiva. En Argentina, el objetivo del Ejecutivo es centralizar la información de las fuerzas federales, registros migratorios y datos financieros bajo una única plataforma.
Sin embargo, desde Amnistía Internacional advierten que estos sistemas funcionan como una «caja negra»: el Estado delega el análisis de la seguridad pública en una empresa privada cuya lógica algorítmica no es auditable. El riesgo es la automatización de sesgos que pueden derivar en la criminalización de personas basándose en su perfil socioeconómico o nacionalidad, sin que exista una sospecha previa de delito.
El antecedente de ICE: vigilancia y deportaciones masivas
Para comprender el alcance de lo que se intenta implementar en el país, es necesario observar la experiencia internacional. Según una investigación de Chequeado sobre Peter Thiel y Palantir, la empresa fue una pieza fundamental para la agencia ICE (Immigration and Customs Enforcement) de EE. UU. durante la administración Trump.
A través del software FALCON, los agentes federales estadounidenses pudieron cruzar datos de licencias de conducir, redes sociales y registros laborales para ejecutar redadas masivas en lugares de trabajo. Este sistema permitió identificar no solo a personas con órdenes de deportación, sino a todo su entorno conviviente, facilitando una vigilancia punitiva a gran escala. En Argentina, la falta de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) previa a la contratación es, para los expertos, una señal de alarma sobre cómo se utilizarán estos datos en operativos de seguridad interior y control migratorio.
El control parlamentario bajo el Reglamento de la Cámara
Desde el plano estrictamente legislativo, el desembarco de Palantir exige una respuesta del Congreso Nacional y existen mecanismos específicos para auditar estas decisiones del Poder Ejecutivo.
El Artículo 204 del reglamento faculta a los legisladores a solicitar informes detallados sobre contratos de asistencia técnica que involucren la seguridad nacional. La Comisión de Seguridad Interior (Art. 101 quater) y la Comisión de Derechos Humanos y Garantías (Art. 99) son los ámbitos naturales donde deberían tramitarse los pedidos de informes. Además, al tratarse de herramientas que podrían afectar la libertad individual, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (bajo la Ley 25.520) debe intervenir si se comprueba que el software realiza tareas de inteligencia sobre ciudadanos argentinos.
Riesgos de la vigilancia predictiva
La mayor preocupación radica en que la IA de Palantir no solo analiza hechos pasados, sino que busca predecir conductas futuras. Esta «inteligencia predictiva» ha sido cuestionada globalmente por generar falsos positivos que afectan desproporcionadamente a minorías. En un país con una Ley de Protección de Datos Personales (25.326) que aún debe actualizarse frente al desafío del Big Data, el uso de estas plataformas sin supervisión judicial previa abre la puerta a un estado de vigilancia permanente.
Amnistía Internacional ha sido taxativa: no se debe avanzar con la contratación de Palantir sin un debate público, sin la publicación de los términos del contrato y sin garantías de que el software pueda ser auditado por organismos técnicos independientes del Estado.
Resumen NCN: Puntos críticos de la alerta
- Falta de Transparencia: El Gobierno no ha publicado los detalles técnicos ni económicos de los encuentros con Peter Thiel.
- Precedente ICE: En EE. UU., Palantir facilitó el rastreo y deportación de inmigrantes mediante el cruce masivo de metadatos. Ver más en Chequeado.
- Opacidad Algorítmica: Los sistemas de IA de la empresa son propiedad privada y no permiten auditorías públicas sobre cómo «deciden» quién es sospechoso.
- Control Legislativo: Los bloques opositores preparan pedidos de informe basados en el Reglamento de la HCDN para transparentar el uso de fondos públicos en esta tecnología.
- Derechos Humanos: El documento de Amnistía exige evaluaciones de impacto antes de cualquier implementación.
