La justicia del revés: cuando el Congreso legisla para blindar abusadores
El avance legislativo de los proyectos sobre «falsas denuncias» en el Congreso Nacional representa un retroceso sin precedentes en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Bajo una pátina de supuesta «justicia equitativa», se esconde un mecanismo de disciplinamiento que busca silenciar a las víctimas y otorgar un salvoconducto legal a los violentos.
En las últimas semanas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado —y su correlato en la Cámara de Diputados con proyectos de Patricia Vásquez (PRO) y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) — ha dado pasos firmes para endurecer las penas. Esta iniciativa ignora deliberadamente que, lo que abunda en nuestras calles no son denuncias falaces, sino abusadores que gozan de plena libertad gracias a las grietas del sistema.
Ante este escenario, es imperativo hacernos una pregunta incómoda pero urgente: ¿Por qué el debate parlamentario se centra en las «falsas denuncias» y no en las alarmantes estadísticas de impunidad en casos de abuso infantil?
La radiografía de la impunidad: cifras que el Congreso ignora
Los datos oficiales del periodo 2025-2026 son demoledores y exponen la ineficacia de un sistema que pretende ahora perseguir a las denunciantes. Según registros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo 1 de cada 1.000 casos de abuso sexual infantil termina en condena, a pesar de que el 10% de los incidentes llega a la instancia de denuncia formal.
Durante el primer trimestre de 2025, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibió 712 denuncias que afectaron a 958 menores, lo que arroja un promedio de 11 víctimas por día. Asimismo, los registros de violencia contra menores escalaron a más de 15.000 casos en 2025, duplicando las cifras de años anteriores. El foco de la criminalidad es claro: el 80% de los abusos ocurren dentro del hogar y, en el 67% de los casos judicializados, los agresores son los propios padres.
El caso «Osita»: la retórica del odio contra las madres
Hablo con conocimiento de causa. En estos días me tocó vivir el sistema de las «falsas denuncias» en carne propia como testigo del caso «Osita». Tras un proceso que se extendió por nueve agónicos años, el progenitor abusador Julián Canali fue condenado a 11 años de prisión efectiva. Un jurado popular, por 11 votos contra 1, lo declaró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo.
La justicia tardó cuatro años solo en realizar una cámara Gesell. Durante casi una década, el argumento del abusador fue el mismo que hoy replican en los pasillos del Congreso: la supuesta «falsa denuncia» orquestada por una madre vengativa. Esta excusa fue suficiente para dilatar el proceso y mantener a la víctima en vilo. El fallo final fue un oasis de perspectiva de género en un sistema judicial ultra patriarcal, gracias a una fiscalía y una defensa que no claudicaron.
En este caso emblemático, la retórica de la «falsa denuncia» no fue una estrategia de defensa técnica; fue un arma de destrucción masiva contra la madre protectora. Es la «lupa invertida»: el aparato estatal deja de investigar el abuso para investigar a quien denuncia. Mientras agrupaciones como «Derecho a la Justicia» o «Nunca Más Niños Rehenes» organizan aparatos de defensa para abusadores —difundiendo conceptos sin rigor científico como la alienación parental (SAP)—, el poder político les otorga entidad de ley.
Datos sin ciencia para leyes con sesgo
Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Mónica Macha y la senadora Eugenia Duré han sido tajantes al denunciar que estos proyectos carecen de sustento empírico. Las iniciativas, como la impulsada por Carolina Losada (UCR), proponen penas de hasta 10 años de prisión para quien denuncie un abuso sexual infantil que no llegue a condena.
Este es un mensaje aterrador para cualquier madre o institución escolar —principal lugar de detección del abuso—. Si un juez, de esos que aún se resisten a aplicar la Ley Micaela, decide que no hay pruebas suficientes, la denunciante podría terminar tras las rejas. Es la institucionalización del miedo.
El triunfo de la impunidad
La incorporación de agravantes en contextos de género para el delito de falsa denuncia es una perversión del derecho. Se utiliza una herramienta diseñada para proteger a las mujeres para, finalmente, criminalizarlas. Es el mundo del revés: el abusador se victimiza y el Estado le presta el estrado y el micrófono.
Esta editorial no es neutral porque la realidad no lo permite. El Congreso de la Nación no puede convertirse en la escribanía de grupos que buscan protejer el poder del violador sobre los cuerpos de los niños y niñas. Legislar sobre la «falsa denuncia» con esta virulencia y falta de datos es, sencillamente, legislar para el abusador.
