Diputados convirtió en ley el pago a holdouts por US$171 millones

La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el acuerdo del Poder Ejecutivo con dos grupos de holdouts por un total de US$171 millones, en una votación que cerró con 139 votos afirmativos y 97 negativos. La iniciativa ratifica los acuerdos de conciliación celebrados con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, y permitió al Gobierno cumplir el plazo del 30 de junio antes de que se reactivaran los litigios.
El proyecto ya contaba con media sanción del Senado desde el 4 de junio, por lo que la aprobación en la cámara revisora implicó su sanción definitiva. Fue la primera victoria del oficialismo en una jornada que terminaría con la media sanción del Súper RIGI.
Qué establecen los acuerdos de conciliación
El entendimiento contempla un desembolso total de US$171 millones: US$67 millones para Bainbridge Ltd. y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor. El oficialismo destacó una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes y la exención al Estado de los honorarios legales, que quedan a cargo de los acreedores.
El pago se instrumenta bajo el mecanismo internacional de Entrega contra Pago (Delivery versus Payment): los fondos se liberan de forma simultánea a la cancelación y extinción de los bonos, que quedan libres de todo gravamen. El texto incorpora además una cláusula de suspensión de litigios que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones hasta el cierre del proceso.
Los holdouts son tenedores de deuda que rechazaron los canjes ofrecidos por la Argentina tras el default de 2001 y litigaron por el cobro del valor total de sus títulos. Bainbridge y Attestor son los últimos grupos con reclamos abiertos por fuera de los acuerdos previos.
El argumento del oficialismo
El miembro informante del dictamen de mayoría fue Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que defendió la urgencia del cierre y advirtió sobre el costo de no aprobar la norma.
¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio.
Bertie Benegas Lynch (LLA)
La diputada Silvana Giudici (LLA) sumó que el entendimiento contempla la devolución de acciones clase B y D de YPF y sostuvo que se logró una quita del 30% en un caso y del 32% en el otro. La norma recibió el respaldo de LLA, el interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.
El rechazo de la oposición
Desde Encuentro Federal, Miguel Pichetto ratificó su voto negativo y cuestionó la falta de previsión presupuestaria del acuerdo, además de la opacidad del esquema financiero.
Esta ley carece de la asignación presupuestaria y no especifica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de rentas generales o de reasignación de partidas.
Miguel Pichetto (Encuentro Federal)
El bloque de Unión por la Patria también rechazó la iniciativa y protagonizó cruces con el oficialismo sobre el origen y la gestión histórica de la deuda. El debate por la responsabilidad del default de 2001 y de la Ley de Pago Soberano de 2014 atravesó buena parte de la discusión en el recinto.
Trámite parlamentario y plazos
El proyecto se debatió bajo la Orden del Día N°148, sobre el expediente 20-S.-2026 venido en revisión del Senado, con dictamen conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia. La media sanción de la cámara de origen databa del 4 de junio.
Con la sanción definitiva, el Ejecutivo queda habilitado a ejecutar los pagos dentro del plazo acordado ante los tribunales de Nueva York, cuyo vencimiento operaba el 30 de junio. De no concretarse, los acuerdos caían y se reabrían los procesos de ejecución y los pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior.
El cierre de estos litigios reduce el riesgo de embargos sobre activos del Estado en el exterior y descomprime un frente judicial heredado del default de 2001. El costo fiscal —US$171 millones sin partida presupuestaria explícita— y la falta de detalle sobre la fuente de financiamiento quedan como el punto pendiente del acuerdo.
− Diputados convirtió en ley el pago a holdouts por US$171 millones (139 votos a favor, 97 en contra).
− Bainbridge Ltd.: US$67 millones. Attestor Value Master Fund LP: US$104 millones.
− Quita superior al 30%; honorarios legales a cargo de los acreedores.
− Mecanismo de Entrega contra Pago (DVP); extinción de bonos sin gravámenes y suspensión de litigios.
− OD N°148, expediente 20-S.-2026; media sanción del Senado del 4 de junio. Plazo de cumplimiento: 30 de junio.






