Ley de Lobby: registro obligatorio, 24 meses de incompatibilidad y prisión por gestiones clandestinas
PorRedaccion
El Ejecutivo envió a Diputados el Mensaje N°178/2026 para regular por primera vez el lobby en el Ejecutivo y el Legislativo. Multas de hasta 2.000 salarios mínimos y penas penales por ocultamiento de intereses extranjeros.
El Poder Ejecutivo remitió el martes 27 de mayo a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado formalmente «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses», identificado como Mensaje N°178/2026. La iniciativa, conocida como Ley de Lobby, fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales —presidida por Nicolás Mayoraz (LLA)— y Legislación General, a cargo de Santiago Santurio (LLA).
El proyecto regula por primera vez de forma integral la actividad de lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacionales, y reemplaza el Decreto N°1.172/03, vigente desde hace más de dos décadas y considerado insuficiente en materia de transparencia. En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que el sistema actual presenta «limitaciones evidentes» por su alcance restringido y porque permite «influencias ejercidas en ámbitos opacos o reservados a unos pocos».
El texto tiene una redacción similar a proyectos presentados en los últimos años por Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Ángel Pichetto y Margarita Stolbizer, lo que anticipa un terreno de negociación relativamente fértil con bloques dialoguistas.
El Registro Público de Gestores: inscripción previa y obligatoria
El eje central del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso gratuito y digital. Deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones.
Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.
El universo de funcionarios alcanzados por el deber de registración es amplio: en el Ejecutivo abarca desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los directores nacionales, pasando por ministros, secretarios y subsecretarios. En el Poder Legislativo Nacional, la obligación recae sobre senadores, diputados y funcionarios con rango no inferior a director. Los asesores y colaboradores que actúen por delegación de cualquiera de ellos también quedan comprendidos, y la responsabilidad de registrar esos contactos recae sobre el legislador o funcionario del que dependan.
El Decreto N°1.172/03, que el proyecto busca reemplazar, creó el primer registro de audiencias públicas del Poder Ejecutivo nacional, pero su alcance siempre fue limitado: solo cubría el ámbito del Ejecutivo —sin incluir al Legislativo—, no exigía inscripción previa de los gestores y carecía de sanciones penales. Argentina no cuenta hasta ahora con una ley de lobby de rango legislativo. La mayoría de los países de la OCDE y varios de la región, como Chile, Colombia y Brasil, ya cuentan con marcos normativos similares.
Incompatibilidades: dos años de veda post-cargo
Uno de los puntos con mayor impacto práctico es el régimen de incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido.
Esta «puerta giratoria» regulada apunta a uno de los focos de crítica más extendidos sobre la relación entre el sector privado y el Estado en Argentina. El texto también obliga a los gestores a presentar declaraciones juradas sobre los intereses que representan, incluyendo la identificación de clientes nacionales y extranjeros.
Sanciones: desde multas hasta prisión
El texto prevé sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2.000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia.
En el plano penal, el proyecto castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes realicen gestiones de intereses clandestinas ante funcionarios públicos. La figura del lobby clandestino queda así tipificada como delito, algo que no existe en la legislación vigente.
En derecho penal argentino, una pena máxima de tres años de prisión habilita la aplicación de condena condicional (en suspenso) para quienes no tengan antecedentes. Esto significa que, en la práctica, una primera condena por gestión clandestina de intereses podría no implicar prisión efectiva. La reincidencia, en cambio, podría derivar en pena de cumplimiento efectivo, según el esquema general del Código Penal.
La paradoja política: lobby para regular el lobby
El envío del proyecto generó una tensión política inmediata. La presentación simultánea con el Súper RIGI motivó críticas de sectores opositores que señalaron una contradicción: el Gobierno envía una ley de transparencia en el mismo paquete que una iniciativa diseñada para atraer grandes inversiones privadas con beneficios fiscales de largo alcance. El diputado Maxi Ferraro (CC-ARI) lo resumió en redes: «El Gobierno manda un proyecto de transparencia junto a otro que es lobby directo de Peter Thiel».
La viabilidad parlamentaria del proyecto, en todo caso, es de las más altas del paquete. La regulación del lobby tiene antecedentes en todos los bloques dialoguistas —UCR, PRO, Encuentro Federal— y el texto recoge propuestas presentadas por legisladores de esas fuerzas. El debate en comisión de Asuntos Constitucionales comenzaría la semana del 2 de junio.
La gestión de intereses existe en Argentina con o sin ley: empresas, sindicatos, cámaras sectoriales y ONG influyen cotidianamente sobre legisladores y funcionarios. La diferencia que introduce este proyecto es la visibilidad: quién habló con quién, en nombre de quién y sobre qué. Si el registro funciona como herramienta pública efectiva —y no como burocracia formal— podría cambiar la forma en que el ciudadano audita las decisiones del Estado. La pregunta es si el propio oficialismo estará dispuesto a aplicar la transparencia que predica sobre su propia gestión.
Resumen NCN
- Nombre formal: Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Ingresó a Diputados vía Mensaje N°178/2026.
- Reemplaza: Decreto N°1.172/03, vigente desde 2003.
- Registro: Registro Público de Gestores de Intereses, digital y gratuito. Inscripción previa y obligatoria para cualquier gestor que pretenda influir en decisiones públicas.
- Plazo de registración: cada contacto debe quedar asentado dentro de los 5 días hábiles de producido.
- Funcionarios alcanzados (Ejecutivo): Presidente, Vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales.
- Funcionarios alcanzados (Legislativo): senadores, diputados y funcionarios con rango no inferior a director; asesores y colaboradores por delegación.
- Incompatibilidad post-cargo: 2 años de prohibición para hacer lobby ante el organismo donde se trabajó o sobre asuntos en que se intervino.
- Multas: de 5 a 500 salarios mínimos; hasta 2.000 salarios mínimos por ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia.
- Pena penal: hasta 3 años de prisión por gestiones clandestinas.
- Comisiones: Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz, LLA) y Legislación General (Santiago Santurio, LLA).
- Debate en comisión: previsto desde la semana del 2 de junio de 2026.
- Antecedentes similares: proyectos de Agost Carreño, Banfi, Pichetto y Stolbizer con redacción comparable.
