Fiscalización del desempeño empresarial
En respuesta a las crecientes denuncias por deficiencias en las prestaciones esenciales, el senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón (oposición) ingresó un proyecto de ley para la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento de las Empresas Concesionarias de Servicios Públicos. El cuerpo tendrá como misión principal auditar la ejecución de los planes de inversión y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las firmas que operan en territorio provincial.
El organismo estará integrado por 12 legisladores (seis senadores y seis diputados), respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas en ambas cámaras. Según el texto del proyecto, la comisión tendrá competencia sobre sectores críticos como la energía eléctrica, agua potable, saneamiento, gas y transporte público. La presidencia del cuerpo será rotativa y anual entre los representantes de la Cámara Alta y la Cámara Baja.
Atribuciones y transparencia técnica
La propuesta legislativa otorga a la Bicameral facultades de investigación de amplio alcance. El cuerpo podrá requerir documentación técnica y contable a las empresas, solicitar informes a los entes reguladores (como el OCEBA o la ADA) y convocar a audiencias públicas para escuchar a los usuarios y asociaciones de consumidores. El objetivo es romper con la opacidad en el manejo de los fondos recaudados a través de las tarifas y verificar si estos se traducen en mejoras de infraestructura.
Leguizamón fundamentó la iniciativa señalando la «crisis estructural» que atraviesa la provincia, evidenciada por cortes recurrentes y redes obsoletas. “La Legislatura no puede limitar su rol a intervenciones reactivas frente a las crisis”, sostuvo el legislador, enfatizando la necesidad de un control parlamentario preventivo que exija explicaciones ante el incumplimiento sistemático de las prestatarias en áreas como el conurbano y los centros urbanos del interior.
Coordinación con entes de control
A diferencia de los mecanismos de control vigentes, que a menudo se ven limitados por la burocracia técnica, esta comisión busca generar un seguimiento político continuo. La Bicameral podrá coordinar acciones con municipios y organismos de defensa del consumidor para centralizar las quejas y producir recomendaciones legislativas orientadas a sancionar o, en casos extremos, sugerir la rescisión de contratos por incumplimiento grave.
La conformación de este nuevo espacio de poder legislativo se produce en un momento de fuerte tensión tarifaria. La oposición busca que el Congreso provincial tenga una voz determinante en la validación de los cuadros de inversión que las empresas presentan periódicamente, garantizando que el usuario no sea el único que soporte el costo de las actualizaciones sin recibir una contraprestación de calidad acorde al Estado de Derecho.
