Reagrupamiento ante la crisis judicial
En una jornada marcada por la tensión política, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó este martes las reuniones de la «mesa política» en la Casa Rosada. El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio del Interior, se produjo en un contexto crítico para el oficialismo: la causa judicial conocida como $Libra sumó nuevas evidencias tras el peritaje al teléfono del empresario Mauricio Novelli, revelando presuntos acuerdos financieros vinculados al entorno presidencial.
La reunión contó con la presencia estratégica de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien ratificó su respaldo al Jefe de Gabinete luego de las críticas recibidas por sus traslados oficiales. La intención del núcleo duro libertario es «cerrar filas» y evitar fisuras en el relato oficialista, especialmente tras las salidas de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia, reemplazados por figuras de confianza como Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola.
Agenda legislativa y defensa oficial
Más allá de la contención de daños, la mesa política trabajó en el diseño de la agenda legislativa 2026. El Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso un paquete de aproximadamente 90 reformas, que incluyen modificaciones al Código Penal y proyectos sobre propiedad privada. El oficialismo busca recuperar la iniciativa política y desplazar el foco de atención de las investigaciones judiciales hacia el debate parlamentario de fondo.
Desde el entorno de Adorni minimizaron el impacto de las filtraciones de la causa $Libra, calificándolas de «ruido mediático» sin sustento administrativo. Sin embargo, la oposición en la Cámara de Diputados ya prepara una contraofensiva para exigir explicaciones formales sobre el rol del Presidente y su hermana en la difusión del proyecto cripto, solicitando incluso el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano por presunto encubrimiento.
Supervisión total y control de daños
La participación de Karina Milei en el cónclave no fue menor. Según fuentes oficiales, la funcionaria ha intensificado la supervisión de todas las áreas de la administración para garantizar la cohesión del equipo de Gobierno. Este control estricto busca profesionalizar la respuesta ante crisis, en un momento donde las sospechas sobre contratos y licitaciones estatales han comenzado a erosionar la imagen pública de algunos voceros gubernamentales.
El Gobierno ratificó que se mantendrá «al margen» del trámite judicial en Comodoro Py, delegando la defensa técnica en la Procuración General de la Nación. No obstante, la mesa política acordó que la estrategia de comunicación será agresiva: se buscará desacreditar las pruebas filtradas y señalar una supuesta persecución por parte de los sectores que perdieron privilegios con el cambio de gestión.
