El aula más grande del mundo: crónica de una resistencia

La ciudad amaneció con el pulso cambiado, como esos clásicos días de protesta en Buenos Aires donde el asfalto deja de pertenecerle a los autos. Ya desde temprano, el centro porteño era un espacio ganado; no hacía falta negociar el cordón de la vereda porque la multitud es, por naturaleza, irreprimible. Sin uniformes a la vista y con el protocolo antipiquetes guardado en algún cajón ministerial, el aire se llenó de esa libertad que solo se respira cuando la democracia se ejerce sin miedo. El olor a choripán y el humo de las primeras parrillas se mezclaban en una atmósfera que, lejos de ser tensa, se sentía como una vigilia colectiva. Al principio eran rostros sueltos, familias que llevaban a sus hijos de la mano para mostrarles que su propia historia —su título, su ascenso, su presente— empezó en un aula pública.

Pasadas las tres de la tarde, el desorden orgánico de los autoconvocados le dio paso al ritmo marcial de las columnas. El Frente Sindical Universitario —donde los gremios de docentes y nodocentes caminaban junto a la FUA— empezó a ocupar las diagonales. Allí, las etiquetas ideológicas se volvieron secundarias ante la urgencia de la supervivencia.

«La universidad es el lugar donde se crea la cultura que nos va a salvar, el único espacio donde el conocimiento es realmente para todos». — Rosario, estudiante de Ingeniería en La Plata.

Santiago, de Exactas en la UBA, asentía con la vista puesta en las columnas que avanzaban hacia la Plaza de Mayo: para él, no se trataba solo de presupuesto, sino de defender la racionalidad mínima frente a la tecnocracia del ajuste.

La tensión no buscaba el cuerpo a cuerpo con la policía, que permanecía recluida e invisible tras los muros del poder ejecutivo, sino que se descargaba en la creatividad del reclamo. Los cánticos tenían un destinatario claro y el humor se convirtió en el arma de precisión. “Menos contorno de papada y más financiamiento a las universidades”, rezaba una pancarta que sacaba risas entre la bronca.

La figura presidencial y sus voceros eran el blanco de una ironía filosa que desmitificaba el poder a fuerza de sarcasmo. Entre la multitud, un docente de la Universidad de La Plata sostenía una cuenta que helaba la sangre: ochocientos años es lo que tardaría un profesor universitario en juntar el dinero que se le atribuye al jefe de ministros. La indignación crecía al recordar que, apenas el día anterior, el Boletín Oficial había publicado un nuevo ajuste. “Que desvergonzado hay que ser”, se escuchaba entre los grupos mientras marchaban bajo la «cascada» de ironías dedicadas a la gestión de Adorni.

El diagnóstico del desguace: 203 días de silencio

Cuando el sol empezó a caer sobre la Plaza, la lectura del documento central le puso cifras técnicas al desamparo. El texto, titulado «Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley», denunció un incumplimiento sistemático de las reglas constitucionales básicas por parte del Gobierno nacional.

Las cifras presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios describen una asfixia planificada:

• Caída del financiamiento: Las transferencias a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
• Gastos de funcionamiento: El poder adquisitivo para mantener las aulas abiertas no superó nunca el 64% del valor que tenía en enero de 2023. En términos prácticos, se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias.
• Emergencia salarial: Con una inflación del 293,30% frente a un incremento salarial de apenas el 147,30%, los trabajadores universitarios han perdido el equivalente a casi 11 salarios en el período.
• Nivel histórico bajo: Actualmente, los sueldos del sector se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años y son los más bajos de toda América Latina.

El documento fue más allá de lo económico para denunciar una ruptura institucional grave. Se señaló que el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada por el Congreso y desoye los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.

«Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho».

La lección de los nuevos

Pero el cierre de la jornada, el verdadero testamento de la marcha, se lo llevaron los más chicos. La columna de los secundarios fue un estallido de frescura y lección histórica. Ver a adolescentes en su primera aventura política, cargando carteles que decían “Estudiantes organizados derrotaron a Voldemort” o el más crudo “Estudiá para no tener que pedirle consejos a un perro muerto”, fue entender que la lucha universitaria en Argentina es un hilo que no se corta.

En esos pibes y pibas estaban presentes los reformistas del 18, los obreros del Cordobazo, la gratuidad del 49 y el crecimiento exponencial de las universidades en la decada kirchnerista.

Son la prueba de que la universidad pública no es solo un conjunto de edificios, sino un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente y aloja los sueños de miles. Como sentenció el documento final, si hoy no se defienden estas instituciones, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. La universidad se defiende hoy, aquí y ahora.