La senadora María Florencia López (Unión por la Patria) presentó una cuestión de privilegio contra la exsenadora Lucila Crexell y el presidente Javier Milei. López sostuvo que el pedido de acuerdo para designar a Crexell como embajadora en Canadá configura el pago de una «coima» por el voto que permitió la sanción de la Ley Bases. «No podemos permitir la consumación del delito de cohecho», afirmó López, recordando que en junio de 2024 ya había denunciado la filtración de este nombramiento en plena sesión.
La acusación incluyó también al exsenador Edgardo Kueider, a quien López calificó como parte de la misma operatoria de «compra-venta de voluntades». La senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) salió al cruce, calificando la denuncia como una «flagrante mentira» y aclarando que la causa judicial contra Crexell fue desestimada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 6 por «inexistencia de delito». El pliego de Crexell ingresó formalmente y fue girado a la Comisión de Acuerdos para su debate.
