Financiamiento Universitario: rectores apelan la suspensión de la ley
PorRedaccion
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un recurso para revertir el fallo que eximió provisionalmente al Poder Ejecutivo de transferir fondos. La disputa por la Ley 27.757 se traslada a la Cámara de Apelaciones.
El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales tras la apelación presentada por los rectores contra el fallo que suspendió la aplicación de la norma. Los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevaron un recurso con el objetivo de anular la decisión de primera instancia que otorgó un «guiño» al Gobierno nacional al frenar la transferencia obligatoria de recursos destinados a salarios y gastos de funcionamiento.
La medida judicial cuestionada por las casas de estudio permitía al Poder Ejecutivo postergar el flujo de fondos previsto en la Ley 27.757, bajo el argumento de que la normativa no especificaba las fuentes de financiamiento. Ante esta situación, los equipos jurídicos de las universidades nacionales sostuvieron que no existe norma alguna que habilite la suspensión dispuesta, calificando la resolución como un perjuicio directo sobre el derecho a la educación superior y la autarquía universitaria.
La contraofensiva de los rectores
En el escrito presentado ante la Justicia Federal, los rectores enfatizaron que las instituciones que representan son entes de derecho público cuyo patrimonio depende estrictamente de los aportes del Tesoro Nacional. Bajo este precepto, solicitaron que se revoque la suspensión de la ejecución de la ley, permitiendo que la actualización de las partidas presupuestarias sea inmediata, independientemente de los recursos extraordinarios que el Gobierno tramite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El eje del reclamo radica en la plena vigencia de la Ley 27.757, la cual fue ratificada por el Congreso de la Nación tras la insistencia frente al veto presidencial de Javier Milei a fines de 2024. Los rectores argumentan que el principio de jerarquía normativa impide que una ley posterior sea bloqueada por interpretaciones administrativas basadas en normas de menor rango o de ejercicios anteriores, como la Ley 24.629.
Impacto salarial y presupuestario
La urgencia del planteo judicial se sustenta en el deterioro de los indicadores económicos de las universidades. Según datos del CIN, la pérdida del poder adquisitivo del sector docente y no docente supera el 30% en el último período. La apelación busca reactivar los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la obligatoriedad de recomponer los haberes según el índice inflacionario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.
Por su parte, desde la Casa Rosada mantienen la postura de que cualquier incremento de partidas sin una contraprestación de recursos específicos pone en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal del pasado mes de marzo ya había advertido que el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso no es una facultad discrecional de la administración central.
Resumen NCN
- Ley 27.757: Garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales.
- Artículos 5 y 6: Son los puntos clave en disputa, referidos a la actualización salarial por inflación y becas.
- Instancia Judicial: El CIN apeló para que la Cámara de Apelaciones revoque la cautelar que favoreció al Ejecutivo.
- Argumento Rector: Defienden la jerarquía de la ley frente a las restricciones presupuestarias impuestas por decreto.
