Informe Adorni: las respuestas oficiales sobre el patrimonio de Manuel Adorni, los vuelos en aviones privados y el criptoescándalo $LIBRA

El Gobierno Nacional respondió a las interpelaciones del Congreso sobre el accionar del Jefe de Gabinete. Las causas judiciales por enriquecimiento ilícito, los viajes de familiares en la aeronave presidencial y la negativa a declarar sobre la estafa piramidal $LIBRA marcan la agenda de un documento legislativo de alto impacto.

El Informe 145 al desnudo: las explicaciones de la Casa Rosada sobre las polémicas de Manuel Adorni

En los pasillos del Congreso, el extenso Informe 145 presentado por la Jefatura de Gabinete desató una ola de escrutinio sobre una de las figuras más fuertes del Gobierno Nacional. Las interpelaciones de los distintos bloques legislativos apuntaron de lleno contra la gestión del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, exigiendo respuestas documentadas sobre tres focos de altísimo voltaje político: el escándalo cripto, el uso de aeronaves y logística estatal, y las dudas sobre la evolución de su patrimonio familiar.

El silencio oficial frente al colapso de $LIBRA

El caso $LIBRA es, sin dudas, el flanco judicial más espinoso del documento. La oposición exigió detalles sobre la presunta presencia de Adorni en la Quinta de Olivos durante la noche del 14 de febrero de 2025, compartiendo reuniones con el presidente Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y los organizadores del token. Además, los diputados buscaron esclarecer si él, en su rol previo como vocero presidencial, fue quien diseñó la estrategia comunicacional y redactó las declaraciones que justificaron la promoción de la criptomoneda tras la estafa.

«Estas preguntas hacen referencia a la actuación personal del funcionario en su anterior cargo, no a las funciones propias del Jefe de Gabinete de Ministros en ejercicio.»(Justificación oficial para no responder sobre el caso $LIBRA).

Frente a la presión, la defensa gubernamental trazó un límite infranqueable. La Jefatura de Gabinete respondió que estas consultas indagan sobre «cuestiones de carácter estrictamente personal» y conductas vinculadas a un cargo anterior, las cuales exceden las atribuciones fijadas por el artículo 100 de la Constitución Nacional. A su vez, el Ejecutivo blindó la entrega de datos amparándose en el secreto de sumario, remarcando que brindar cualquier respuesta oficial pondría en riesgo la investigación judicial en curso (Causa N° 574/2025 y acumuladas), que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 8.

«Argentina Week» y el escrutinio sobre los vuelos de la cúpula gubernamental

La narrativa innegociable de la austeridad fiscal chocó de frente con los reiterados cuestionamientos sobre los traslados internacionales y privados del funcionario. El viaje a Nueva York para la «Argentina Week» en marzo de 2026 se convirtió en el epicentro de la polémica, particularmente por la inclusión en la acotada comitiva de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y el pago de habitaciones en el exclusivo hotel «The Langham».

«El uso cuestionado de la aeronave presidencial fue en el marco de una misión oficial debidamente autorizada (…) y no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria.» (Respuesta al viaje a EE.UU. con su esposa)

Para desactivar las críticas por el uso de los fondos públicos, la Casa Rosada fue taxativa: aclaró que Angeletti viajó estrictamente en calidad de «invitada de la Presidencia de la Nación» y que su participación «no generó gasto alguno para el Estado Nacional». En cuanto a las sospechas por el uso del avión presidencial, el Gobierno transparentó que el tema ya fue zanjado en la Causa N° 979/2026 por «malversación de caudales públicos», donde la Justicia dictaminó que se trató de una «misión oficial debidamente autorizada» y descartó cualquier tipo de erogación presupuestaria extraordinaria.

«El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete»

Pero la lupa no solo apuntó a la agenda oficial. El informe también recoge las fuertes dudas de la Cámara sobre un viaje de descanso familiar a Punta del Este, en febrero de 2026, partiendo desde San Fernando en un vuelo privado. Al respecto, el Gobierno se limitó a responder que el Estado Nacional «no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete». La Oficina Anticorrupción avaló esta postura al confirmar que no existen registros de viajes financiados por terceros (como la empresa ImHouse o el empresario Marcelo Grandio), descartando el conflicto de interés.

El patrimonio bajo la lupa: anexos reservados y la intervención de la Justicia

El tercer vértice de conflictividad del informe golpea directamente la declaración jurada patrimonial de Adorni. Las alarmas legislativas sonaron ante la omisión pública de dos inmuebles de alto valor adquisitivo: una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) y un departamento en Caballito, ambos presuntamente registrados a nombre de su cónyuge.

«La información proviene exclusivamente de filtraciones periodísticas (…) cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados»

Lejos de negar la existencia de los bienes, la Oficina Anticorrupción esgrimió una fuerte defensa técnica basada en la Ley de Ética Pública. La entidad confirmó que los bienes del grupo familiar se encuentran legalmente resguardados bajo estricta confidencialidad en el Anexo Reservado del Formulario 1246.

Sin embargo, el dato institucional más grave que aporta el texto es que ese cerrojo ya debió ser abierto por la fuerza judicial. El informe confirma que este anexo secreto fue entregado a la Fiscalía Federal a raíz del requerimiento en la Causa N° 1003/2026, en la cual se investiga formalmente a Manuel Adorni por «enriquecimiento ilícito». Como dato de color dentro de las normativas de transparencia, el documento cierra aclarando que, desde su asunción, Adorni solo declaró haber recibido tres obsequios: un mate con bombilla, una botella de vino y un adorno con forma de libro.

El estado actual de las investigaciones: filtraciones, la UTI y el cerrojo judicial

Hoy, el tablero judicial muestra un escenario complejo y hermético. Frente al colapso de la criptomoneda $LIBRA, el Ejecutivo intentó demostrar una postura proactiva mediante la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), establecida por el Decreto 114/25. Sin embargo, los hallazgos de esta unidad permanecen bajo estricto secreto: el Gobierno confirmó que su informe ya fue remitido a la Justicia, pero su publicación pública está expresamente vedada para no comprometer el proceso penal.

Adorni declaró recibir desde que asumió:

• Un mate con bombilla (Julio 2025).
• Una botella de vino (Mayo 2025).
• Un adorno en forma de libro de una comunidad nativa (Noviembre 2020).

Paralelamente, la Casa Rosada libra una batalla contra lo que califica como «filtraciones periodísticas» del expediente judicial. Los legisladores acorralaron al Ejecutivo consultando por la existencia de documentos comprometedores presuntamente hallados en los teléfonos peritados, como un memorando de pagos por USD 5.000.000 o un acuerdo de asesoramiento firmado entre el creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, y el Presidente de la Nación. La respuesta gubernamental fue tajante: el Estado no validará material de «origen incierto» y remarcó que en los registros de la Administración Pública no existe constancia de pagos, beneficios o contratos vinculados a la estafa.

La onda expansiva del escándalo también sacudió a los organismos de control. La Comisión Nacional de Valores (CNV) debió intervenir, lo que derivó en la renuncia del ex asesor Sergio Daniel Morales, quien ahora es investigado por la presunta utilización de información reservada en beneficio de los organizadores del token.

LAS TRES CAUSAS FEDERALES QUE ACORRALAN A LA JEFATURA DE GABINETE El 

Causa N° 574/2025 y acumuladas: Tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 8. Investiga el colapso del criptoactivo $LIBRA. El Ejecutivo confirmó que el informe de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) ya fue entregado al juzgado, pero mantiene su contenido bajo estricto secreto para no comprometer el expediente

Causa N° 979/2026: Caratulada "Adorni, Manuel s/Malversación de caudales públicos (art. 260)". Investiga el uso del avión presidencial para la comitiva de la "Argentina Week". Oficialmente, el Gobierno considera el caso cerrado al argumentar que fue un vuelo lícito

Causa N° 1003/2026: Caratulada "Adorni, Manuel s/ enriquecimiento ilícito -art. 268 del C.P.-". Es el expediente que obligó a la Oficina Anticorrupción a intervenir y entregar a la fiscalía el Anexo Reservado (Formulario 1246) con los datos patrimoniales ocultos de su cónyuge

En cuanto a las citaciones legislativas, el texto oficial confirma que Manuel Adorni no asistirá a una interpelación exclusiva por la causa $LIBRA, escudándose en que su presentación de hoy, 29 de abril, ante la Cámara de Diputados en la Sesión Informativa ordinaria, cumple con su responsabilidad constitucional. Respecto a su situación judicial por los vuelos oficiales, el Jefe de Gabinete respira con alivio: la Justicia ya determinó en la causa por malversación de caudales públicos que el uso del avión presidencial para la «Argentina Week» fue lícito y «no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria».

El laberinto que definirá el futuro en la Jefatura de Gabinete

El Informe 145 deja una certeza insoslayable en los pasillos del Congreso: la Casa Rosada ha decidido trazar una trinchera institucional alrededor de Manuel Adorni, utilizando el secreto de sumario como el principal escudo protector frente a la embestida opositora. La negativa sistemática a brindar detalles operativos o a confirmar las reuniones en la Quinta de Olivos expone la vulnerabilidad política que representa el caso $LIBRA para la cúpula gubernamental.

Lejos de disipar las dudas, las fojas del documento oficial trasladan el epicentro de la crisis desde el parlamento hacia los tribunales de Comodoro Py. Serán los jueces federales, y no los diputados, quienes tengan la última palabra sobre el crecimiento patrimonial del funcionario, la apertura de sus anexos reservados y su grado de participación en la promoción del criptoactivo que defraudó a miles de inversores.

Mientras el Gobierno insiste en que las denuncias se basan en filtraciones no verificadas y exige respetar los tiempos del debido proceso, el escrutinio público sobre la transparencia ética de la actual administración se mantiene al rojo vivo. El desenlace de este entramado judicial no solo definirá la viabilidad legal de Adorni, sino que pondrá a prueba la solidez del relato oficial frente a su primera gran crisis de integridad.