¿Qué dice el recurso del Gobierno a la Corte por el financiamiento universitario?

El Poder Ejecutivo Nacional, representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, formalizó la interposición de un recurso extraordinario federal (REF) contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El documento busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar de inmediato los aumentos salariales y becas previstos en la Ley N° 27.795.

En su presentación, el Gobierno sostiene que el fallo recurrido es arbitrario y carece de fundamentación normativa real. Entre los argumentos centrales, destaca que la Justicia ignoró la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, la cual establece que la administración nacional debe presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario.

Impacto fiscal y «parálisis» estatal

El recurso advierte sobre un supuesto escenario de gravedad institucional debido a la magnitud de los fondos involucrados. Según el informe del Ministerio de Economía citado en el escrito, cumplir con la cautelar demandaría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.

El Ejecutivo afirma que esto provocaría una:

«…parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales… la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales».

Asimismo, el Gobierno argumenta que se violó el principio de división de poderes, ya que la asignación de partidas presupuestarias es competencia primaria del Congreso de la Nación y no de los magistrados.

Recusación de los ministros

Un punto clave del recurso es el pedido de excusación dirigido a los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Lorenzetti. La Procuración del Tesoro sostiene que existe una vulneración a la garantía de juez imparcial dado que los magistrados revisten el carácter de docentes de universidades nacionales.

Al respecto, el escrito señala que los ministros:

«…se están viendo obligados a transitar este proceso sin la garantía de contar con jueces imparciales… verán engrosados sus ingresos (fruto de su condición de jueces y parte)».

Por tal motivo, el Ejecutivo solicitó que el máximo tribunal sea conformado con conjueces para resolver el litigio.

Resumen NCN:

• Recurso: El Ejecutivo apeló ante la Corte alegando arbitrariedad y gravedad institucional.
• Finanzas: Sostiene que la cautelar destruye el equilibrio fiscal al exigir gastos sin partidas asignadas.
• Garantías: Recusó a los miembros de la Corte por su vínculo docente con las universidades públicas.
• Normativa: Citó la vigencia de las Leyes de Administración Financiera (24.156) y de Responsabilidad Fiscal (24.629).