Ofensiva legislativa para desendeudar familias y frenar el asedio financiero de las Fintech

Un conjunto de proyectos busca frenar el sobreendeudamiento crítico que afecta a millones de hogares. Las iniciativas proponen desde auditorías integrales de pasivos hasta la creación de plataformas digitales para reestructurar deudas de consumo.
El Congreso de la Nación se ha convertido en el escenario de una disputa técnica y política centrada en el bolsillo de los hogares argentinos. En un contexto donde el financiamiento ha dejado de ser una herramienta de inversión para transformarse en un mecanismo de subsistencia para cubrir gastos básicos como alimentos y remedios, diversos sectores de la oposición han presentado una batería de proyectos para abordar el sobreendeudamiento familiar. Según informes oficiales, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025 para cubrir necesidades básicas.
El bloque Unión por la Patria (UP) lidera esta ofensiva con propuestas que buscan institucionalizar el alivio financiero. La diputada Vanesa Siley, junto a otros legisladores de su espacio, impulsa la «Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados». Este proyecto prevé la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal destinado a renegociar deudas de consumo mediante un procedimiento administrativo gratuito. La iniciativa se fundamenta en el deterioro persistente de los ingresos, señalando que la mora en créditos bancarios a familias saltó del 2,5% en 2024 al 9,3% en diciembre de 2025.
En paralelo, se propone la creación de la Plataforma «DesendeudAR», cuya ejecución recaería en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta herramienta digital permitiría a los deudores unificar sus obligaciones en un plan de pago único. Según el texto, la cuota resultante no podrá exceder el 33% de los ingresos mensuales del deudor, aplicando el criterio de no confiscatoriedad. El objetivo es centralizar la negociación entre deudores y acreedores —incluyendo entidades financieras, Fintech y prestadores de servicios públicos— bajo un marco de gratuidad.
La preocupación por las prácticas del sector Fintech es uno de los puntos más álgidos del debate. El diputado Diego Giuliano (UP) presentó un proyecto de Emergencia Económica y Social que prohíbe explícitamente el anatocismo (capitalización de intereses) en operaciones de consumo cuando se realice de forma automática o sin información clara. Los fundamentos de la norma advierten que la irregularidad en los préstamos personales creció hasta el 12%, mientras que en las Fintech la mora alcanzó el 18% en junio de 2025.
Desde el Senado, el proyecto de la «Ley RED» (Régimen de Desendeudamiento), impulsado por Jorge Capitanich (UP), añade una capa de complejidad técnica: la creación del Fondo de Reestructuración de Deudas (FORED). Se trata de un fideicomiso de administración destinado a adquirir y refinanciar deudas previamente auditadas. La propuesta enfatiza el derecho del deudor a una auditoría técnica especializada para verificar la trazabilidad del crédito y excluir conceptos ilegítimos antes de cualquier acuerdo de pago.
Resumen NCN:
- Estado del trámite: Los expedientes 1280-D-2026, 1279-D-2026 y 0973-D-2026 se encuentran en etapa de giro a comisiones en la Cámara de Diputados.
- Microdato de mora: La irregularidad total del sistema alcanzó el 13% a fines de 2025, casi nueve puntos porcentuales más que en diciembre de 2023.
- Límites de cuota: Los proyectos establecen techos de afectación de ingresos de entre el 30% y el 33%.
- Tasa de referencia: Para reestructuraciones, se proponen tasas que no superen el 50% de la tasa de política monetaria o la tasa TAMAR más nueve puntos porcentuales.
- Puntos de conflicto: El financiamiento del FORED se nutriría del 50% de las multas percibidas por la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.









