El inicio del ciclo lectivo 2026 ha quedado empañado por una creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país, advirtió esta semana que el actual esquema de financiamiento —basado en la prórroga del presupuesto anterior con ajustes parciales— resulta «inviable» ante la aceleración de los costos operativos, especialmente en lo que respecta a los servicios públicos de luz, gas y agua.
Según el informe técnico presentado por las universidades, los gastos de funcionamiento han quedado rezagados frente a una inflación que, aunque en descenso, sigue golpeando la adquisición de insumos de laboratorio y el mantenimiento de infraestructura. A esto se suma el congelamiento de las obras edilicias que contaban con financiamiento nacional, afectando proyectos clave en universidades del conurbano y del interior del país.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que las partidas han sido reforzadas mediante transferencias extraordinarias y que el foco está puesto en la «eficiencia del gasto» y las auditorías de transparencia. Sin embargo, los rectores argumentan que la falta de un presupuesto votado por el Congreso para el ejercicio vigente genera una discrecionalidad que impide la planificación académica mínima. En los pasillos del Palacio Sarmiento, no se descarta una convocatoria a una marcha federal universitaria para finales de abril si no se logra abrir una mesa de negociación paritaria y presupuestaria antes de que termine el mes.
