Alarmante: el 83,5% de los asalariados argentinos sufre vulnerabilidad alimentaria en su jornada laboral

El derecho a la alimentación en el ámbito de trabajo ha dejado de ser una constante en la Argentina para transformarse en un síntoma de la crisis de ingresos. Según el informe «La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina», elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el 83,5% de los trabajadores registrados sufre algún tipo de privación alimentaria por motivos económicos, ya sea restringiendo la cantidad de comida o resignando calidad nutricional.
El relevamiento, dirigido por las investigadoras Ianina Tuñón y Lucrecia Freije, destaca un dato perturbador: el 23% de los asalariados directamente no consume ningún alimento durante su jornada. Esta situación se agrava en regiones como el NEA, donde la cifra de trabajadores que no comen en su horario laboral escala al 50,1%.
El factor económico y la Ley de Modernización Laboral
El estudio cobra especial relevancia en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral. El informe menciona que la normativa busca extender los servicios de comedor empresarial a establecimientos gastronómicos cercanos, una reglamentación que el sector trabajador aguarda con expectativa. En la actualidad, solo el 44,4% de los empleados recibe algún tipo de aporte o beneficio alimentario por parte de sus empleadores.
La brecha de vulnerabilidad es notablemente mayor en el sector público, donde el 73,2% de los trabajadores admite saltear comidas por falta de presupuesto, frente al 56% registrado en el sector privado. Asimismo, los más jóvenes (18 a 29 años) son el grupo más expuesto: el 70,7% reporta omitir ingestas por limitaciones económicas.
Impacto en la salud y comensalidad
La falta de infraestructura en las empresas también degrada la dieta. Un 13,7% de los lugares de trabajo carece de heladera o microondas, forzando a los empleados a consumir opciones económicas pero poco nutritivas (harinas y ultraprocesados). El índice de obesidad en la población asalariada ya alcanza el 23,1%, vinculándose directamente con entornos laborales que no garantizan la pausa para comer.
«Mejorar la alimentación laboral no es un beneficio discrecional, sino una inversión estratégica en capital humano y salud pública», concluye el informe del ODSA. La demanda social es clara: el 80,4% de los encuestados manifestó su deseo de recibir una contribución del empleador para su alimentación con libertad de elección.