Dinamita regulatoria: el plan para liberar la tierra y acelerar los desalojos

El próximo miércoles 15 de abril a las 15:00 h, el Senado reanudará en el Salón Azul el tratamiento del Expte. PE-13/2026. La denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» propone una reforma estructural que busca eliminar límites a la extranjerización de tierras, agilizar desalojos mediante procesos sumarísimos y blindar económicamente a los propietarios frente a la acción estatal.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General abordará un proyecto que el Ejecutivo fundamenta en el deterioro de la seguridad jurídica en el país. El texto sostiene que las regulaciones actuales generan incertidumbre y afectan la inversión, citando como principal diagnóstico el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation.

Ejes centrales del proyecto

Expropiaciones (Ley 21.499):
- Se establece una interpretación restrictiva de la «utilidad pública», exigiendo que sea idónea, necesaria y proporcional.
- La indemnización deberá incluir el valor objetivo de mercado y el lucro cesante debidamente acreditado.
- El monto se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés comercial hasta el momento del pago.
- La ocupación temporánea anormal se limita a 60 días, con una prórroga única de 30 días en casos de extrema necesidad pública.
Desalojos (Códigos Procesales):
- Los juicios de desalojo se tramitarán por vía sumarísima para acelerar la restitución.
- Se incorpora la restitución anticipada del inmueble en casos de intrusión, bajo caución juratoria y tras un reconocimiento judicial en las primeras 72 horas.
- Se legaliza la notificación en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
Tierras Rurales (Ley 26.737):
- Se eliminan las restricciones generales a la titularidad extranjera para fomentar la inversión agropecuaria.
- Las prohibiciones se limitan únicamente a Estados extranjeros o entidades bajo su control que representen un riesgo a la seguridad nacional.
Manejo del Fuego (Ley 26.815):
- Se derogan las prohibiciones de cambio de uso de suelo por plazos prolongados tras incendios en tierras que no sean bosques nativos protegidos.
- El argumento oficial es que las restricciones vigentes castigan económicamente al propietario sin ofrecer una protección ambiental real.
Modernización Registral (Ley 17.801):
- Se habilita la digitalización integral, el uso de firma digital y tecnologías de registro distribuido (blockchain) para garantizar la inalterabilidad de los datos.
- Se proyecta una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para el acceso remoto a informes y certificados.

Los baches del proyecto

El proyecto presenta puntos que prometen una intensa resistencia parlamentaria:

Riesgo Ambiental: Al eliminar las restricciones de uso de suelo tras incendios, se debilita el desincentivo contra los incendios intencionales con fines inmobiliarios. El argumento científico que el proyecto dice defender choca con la experiencia empírica de regiones como el Delta o la Patagonia.
Soberanía vs. Mercado: El fin de los límites a la compra de tierras por extranjeros delega la protección de recursos estratégicos a una reglamentación posterior, lo que podría generar un vacío de control efectivo sobre el territorio.
Equilibrio de Poder: En el régimen de desalojos, la celeridad y la notificación electrónica podrían dejar en situación de vulnerabilidad a inquilinos frente a posibles abusos, especialmente si la restitución anticipada se ordena con criterios de verosimilitud poco rigurosos.
Impacto en Obras Públicas: La «interpretación restrictiva» de la utilidad pública abre la puerta a una litigiosidad sistemática que podría frenar proyectos de infraestructura esencial bajo el argumento de la existencia de «medios menos lesivos».